La Justicia Cívica es un componente fundamental para la implementación del Modelo Nacional de Policía, pues permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica. Funge como política pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia.
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En atención a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se menciona que la Seguridad Pública es una función a de la Federación, los Estados y Municipios, cuyo fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, a través de la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las faltas administrativas.
Aunado a lo anterior y en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se soportan los argumentos jurídicos para la creación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, a través de la cual se busca fortalecer diferentes ámbitos en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En este sentido las Fuerzas Policiales, federales, estatales y municipales, deben contar con el conocimiento y las competencias necesarias para cumplir con los retos que a diario se presentan en la sociedad.
Por ende y a lo descrito anteriormente, en aras de aportar a los objetivos del Gobierno Nacional, fue creado el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios de México, a través del cual se brindan una serie de herramientas que fortalecerán el despliegue del servicio de policía.
Por ello este curso se diseñó a fin de dotar con las herramientas técnico-jurídicas necesarias a los ministerios públicos a fin de impactar en la profesionalización permanente de los hombres y mujeres que sirven a la institución.
Los contenidos del curso, propician la comprensión de la justicia cívica, del enfoque de derechos humanos y la solución de conflictos.
Los contenidos del curso se dividen en módulos, en los que se revisan la legislación, nacional, los modelos policiales que impactaron directamente en la creación del modelo de justicia cívica actual, conceptos básicos para un mayor entendimiento y comprensión del tema, el curso a seguir del policía como primer respondiente, la comunicación oral y escrita asertiva y el conocimiento del proceso desde la atención del hecho, hasta la solución o puesta a disposición ante el ministerio público.
4.4. Participación de la Policía en audiencias públicas en materia de justicia cívica.
Marco conceptual de la Justicia Cívica, la Cultura de la legalidad, Buen gobierno.
Experiencias nacionales e internacionales en materia de Justicia Cívica, Cultura de la legalidad y Buen gobierno para la prevención de la violencia y la delincuencia.
Antecedentes de la Justicia Cívica
Características distintivas de la Justicia Cívica.
2.1. Juez Cívico.
2.2. Policía de proximidad.
2.3. Organizaciones de la sociedad civil.
2.4. Representantes de la comunidad
2.5. Centros de mediación municipal.
2.6. Instituciones públicas municipales.
3.1. La importancia del policía como actor del sistema de justicia cívica para la resolución de conflictos comunitarios.
3.2. Proceso de la actuación policial en materia de justicia cívica.
4.1. Derechos del probable infractor.
4.2. Presentación del probable infractor ante el Juez Cívico.
3.3. Los principios de la mediación.
4.3. Llenado del IPH para faltas administrativas.
